Aclarado, la excusa y recusación sí caben en juicios constitucionales

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales -LOGJ- no contiene normas que regulen las excusas y las recusaciones en los procesos de garantías jurisdiccionales y esto había causado que existiese la duda sobre si en este tipo de procesos cabían o no las excusas y las recusaciones.  Las excusas y las recusaciones se venían intentando en los procesos de garantías jurisdiccionales, aplicándolas por remisión a las normas del Código Orgánico General de Procesos, en base a lo establecido en la Disposición Final de la LOGJ.

La duda sobre la procedencia o no de las excusas y las recusaciones en los procesos de garantías jurisdiccionales surgía por cuanto la misma LOGJ establece que en estos procesos no son aplicables las normas procesales que tiendan a retardar el ágil despacho de la causa y, por lo tanto, algunos jueces consideraban improcedentes las excusas y las recusaciones ya que estas podían retardar el ágil despacho de la causa (ver, por ejemplo, providencias del 24 de octubre y del 08 de noviembre del 2017 dentro del proceso 09332-2017-04964).

Lo anterior, en mi opinión, colisionaba con el derecho constitucional a la defensa (dentro del cual se encuentra la importantísima garantía de ser juzgado por un juez imparcial -Art. 76.7.k de la Constitución de la República), ya que si por priorizar la celeridad de un proceso constitucional, se excluía la posibilidad de recusar a un juez cuya imparcialidad estuviese comprometida, aquello configuraría una evidente violación a la garantía de ser juzgado por un juez imparcial.

Esta aparente colisión entre la celeridad y el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, ha sido, finalmente, solventada por la corte constitucional en su sentencia 006-17-SCN-CC, en la que ha señalado que “la carencia de la garantía del juez […] imparcial; o dicho de otra forma, la sustanciación de una causa por quien […] no goza de independencia o imparcialidad, per se, ocasiona la invalidez del proceso; en razón que, dicha garantía constituye el pilar de inicio de todo proceso, esto en virtud de una razón trascendental que se funda en la teoría del “fruto del árbol envenenado”, que señala que: “… si la fuente (…) -el árbol- está contaminada entonces cualquier cosa derivada de él –el fruto- estará contaminada también”.

La Corte reconoció que “no puede sacrificarse el debido proceso por pretender actuaciones más céleres, pues involucra indefensión hacia los sujetos procesales” y por lo tanto,  la Corte Constitucional determinó quedebe proceder la recusación atendiendo a la naturaleza de las garantías jurisdiccionales conocidas por juezas y jueces de primera y segunda instancia […]”.

En base a esta argumentación, la Corte ha establecido que los artículos contemplados en el Título II, Capítulo II del COGEP, relativos a la excusa y recusación, sí son aplicables en los procesos de garantías jurisdiccionales de acción de protección, acción de acceso a la información pública y acción de habeas data, en los términos expuestos por la Corte en la interpretación conforme y condicionada que realizó de los artículos antes referidos en su supradicha sentencia.

 

¿Qué tan caro es ilegal?

Una de las conductas prohibidas por el Derecho de la Competencia es la imposición de precios excesivos.  Nuestra Ley de Control del Poder de Mercado -LCPM- tipifica la conducta, concretamente, como precios explotativos (Art. 9.4 LCPM).

Para que la imposición de un precio excesivo -o explotativo- sea ilegal, la primera condición que debe existir es que la empresa que cobre el precio excesivo, tenga poder de mercado.  Esto, por que la conducta está tipificada, concretamente, como un abuso de poder de mercado.  Por lo tanto, solo los “careros” con poder de mercado, podrían estar sujetos al escrutinio de la autoridad de competencia por este tipo de conductas.

Si bien en Estados Unidos tradicionalmente se ha aplicado un enfoque contrario al control de precios (argumentando que los precios excesivos son precisamente una invitación a que aparezcan nuevos competidores en el mercado y por lo tanto constituyen un mecanismo de autorregulación del mercado), en Europa (cuyo sistema de competencia es el que nosotros seguimos) ya han existido casos en los que se ha sancionado a empresas por imponer precios excesivos.

En el caso United Brands (párrafos 235 en adelante), se sentó como criterio para establecer cuando un precio era excesivo, el hecho de que dicho precio no tuviese una relación razonable con el costo económico de la prestación realizada.

La semana pasada, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una interpretación prejudicial en la que sentó nuevos criterios con los que se podría determinar la existencia de precios excesivos (OJO: en el contexto del mercado común europeo)

En la referida interpretación, el Tribunal señaló que un método posible para determinar la existencia de precios excesivos, sería el comparar los precios aparentemente excesivos, con los de países vecinos a aquel en el que se realiza la investigación, ajustados según el índice de Paridad del Poder Adquisitivo (PPA), y siempre que los países de referencia hayan sido seleccionados de acuerdo a criterios objetivos, apropiados y verificables.

En nuestro caso, habría que establecer si, desde el punto de vista económico, resulta posible realizar comparaciones de precios con los países de la Comunidad Andina, o incluso si las comparaciones de precios pudiesen realizarse a nivel, exclusivamente, del mercado interno. Lo importante es tener en cuenta que la fijación de precios excesivos, bajo determinadas circunstancias, podría llegar a ser ilegal en el Ecuador y que ya existen algunos criterios referenciales que podrían ser aplicados para establecer qué tan caro es ilegal.

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