Aclarado, la excusa y recusación sí caben en juicios constitucionales

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales -LOGJ- no contiene normas que regulen las excusas y las recusaciones en los procesos de garantías jurisdiccionales y esto había causado que existiese la duda sobre si en este tipo de procesos cabían o no las excusas y las recusaciones.  Las excusas y las recusaciones se venían intentando en los procesos de garantías jurisdiccionales, aplicándolas por remisión a las normas del Código Orgánico General de Procesos, en base a lo establecido en la Disposición Final de la LOGJ.

La duda sobre la procedencia o no de las excusas y las recusaciones en los procesos de garantías jurisdiccionales surgía por cuanto la misma LOGJ establece que en estos procesos no son aplicables las normas procesales que tiendan a retardar el ágil despacho de la causa y, por lo tanto, algunos jueces consideraban improcedentes las excusas y las recusaciones ya que estas podían retardar el ágil despacho de la causa (ver, por ejemplo, providencias del 24 de octubre y del 08 de noviembre del 2017 dentro del proceso 09332-2017-04964).

Lo anterior, en mi opinión, colisionaba con el derecho constitucional a la defensa (dentro del cual se encuentra la importantísima garantía de ser juzgado por un juez imparcial -Art. 76.7.k de la Constitución de la República), ya que si por priorizar la celeridad de un proceso constitucional, se excluía la posibilidad de recusar a un juez cuya imparcialidad estuviese comprometida, aquello configuraría una evidente violación a la garantía de ser juzgado por un juez imparcial.

Esta aparente colisión entre la celeridad y el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, ha sido, finalmente, solventada por la corte constitucional en su sentencia 006-17-SCN-CC, en la que ha señalado que “la carencia de la garantía del juez […] imparcial; o dicho de otra forma, la sustanciación de una causa por quien […] no goza de independencia o imparcialidad, per se, ocasiona la invalidez del proceso; en razón que, dicha garantía constituye el pilar de inicio de todo proceso, esto en virtud de una razón trascendental que se funda en la teoría del “fruto del árbol envenenado”, que señala que: “… si la fuente (…) -el árbol- está contaminada entonces cualquier cosa derivada de él –el fruto- estará contaminada también”.

La Corte reconoció que “no puede sacrificarse el debido proceso por pretender actuaciones más céleres, pues involucra indefensión hacia los sujetos procesales” y por lo tanto,  la Corte Constitucional determinó quedebe proceder la recusación atendiendo a la naturaleza de las garantías jurisdiccionales conocidas por juezas y jueces de primera y segunda instancia […]”.

En base a esta argumentación, la Corte ha establecido que los artículos contemplados en el Título II, Capítulo II del COGEP, relativos a la excusa y recusación, sí son aplicables en los procesos de garantías jurisdiccionales de acción de protección, acción de acceso a la información pública y acción de habeas data, en los términos expuestos por la Corte en la interpretación conforme y condicionada que realizó de los artículos antes referidos en su supradicha sentencia.

 

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