Inconstitucionalidad del límite en el reparto de las utilidades a los trabajadores

El  21 de marzo la Corte Constitucional declaro la inconstitucionalidad del techo al reparto de las utilidades de los trabajadores (24 salarios básicos unificados). La Corte además dispuso que dicho límite al reparto de las utilidades, no podrá ser invocado para la determinación y pago de las utilidades correspondientes al período fiscal del 2017.

En tal virtud, tal como era antes de que se fijara el referido límite en la Ley de Justicia Laboral, el 15% de las utilidades correspondientes al pasado ejercicio económico del 2017, se deberán repartir, en su totalidad, a los trabajadores.

Sociedades de Interés Público

La Superintendencia de Compañías ha expedido el Instructivo sobre Sociedades de Interés Público, mediante el cual califica como sociedades de interés público a determinadas compañías en función de las actividades que realizan.

El cuarto considerando del instructivo establece como parámetros para que la Superintendencia considere como de interés público a las compañías sujetas a su control, la protección del interés general y el impacto económico y social que pudiesen tener determinadas compañías en función de las actividades que realizan.

La categorización de sociedades de interés general faculta a la Superintendencia de Compañías a imponerles requisitos adicionales de información, transparencia, administración y capital a las sociedades sujetas a su control.

De momento, los efectos inmediatos de ser categorizada como sociedad de interés público son dos:

1. Deberán auto catalogarse como sociedades de interés público si son compañías que se dedican a las actividades que se enlistan en el Instructivo. La Superintendencia habilitará una opción en su portal web para que las sociedades se cataloguen como tales.

2. Deberán contar con auditoría externa según lo establece el Artículo 2 del Reglamento sobre Auditoría Externa

Las sociedades actualmente catalogadas por la superintendencia como de interés público son:

1. Las emisoras de valores inscritas en el Catastro Público de Mercado de Valores.

2. Las casas de valores, los depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores y las sociedades administradoras de fondos de inversión y fideicomisos.

3. Las de seguros, de reaseguros, intermediaras de reaseguros, peritos de seguros y las agencias asesoras productoras de seguros.

4. Las que financien servicios de atención integral de salud prepagada.

5. Las que provean servicios de asistencia a asegurados o tarjetahabientes, por sí o a través de terceros.

6. Las calificadoras de riesgo y auditoras externas.

7. Las dedicadas a las actividades corrientes y especializadas de construcción de todo tipo de edificios y obras generales de construcción para proyectos de ingeniería civil.

8. Las que realicen actividades de agencia y corretaje inmobiliarios, y de intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles.

9. Las dedicadas a las actividades de agencias de viaje, como a la venta de servicios de viajes (tours), de viajes organizados, de transporte y alojamiento, al público en general y a clientes comerciales; y de operadores turísticos, como la planificación y organización de paquetes de servicios de viajes para su venta a través de agencias de viajes o por los propios operadores turísticos; si la compañía obtuviere dinero de terceros a base de planes, promesas u ofertas de venta del servicio.

10. Las que se dediquen a la venta de vehículos automotores nuevos y usados.

11. Las que se dediquen a la venta de productos nuevos y usados, a excepción de los mencionados en el numeral anterior, por cuenta propia o a cambio de retribución o contrato (comisión), a usuarios minoristas, industriales, comerciales, institucionales, profesionales, o a otros mayoristas; y a la venta al público en general del mismo tipo de mercancías, para el consumo o uso personal o doméstico, realizada mediante tiendas, almacenes, puestos de venta, empresas de venta por correo, internet, a domicilio, vendedores ambulantes, si los ingresos anuales por ventas son iguales o superiores a cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 5000,000.00).

12. Las que se dediquen a actividades de factorización por compra de cartera.

Nuevos plazos para reportar los activos monetarios en el exterior

El Servicio de Rentas Internas, mediante Resolución NAC-DGERCGC17-00000609, ha ampliado los plazos para cumplir con la obligación de reportar los activos monetarios que las personas naturales o jurídicas posean en el exterior.

Los nuevos plazos son los siguientes:

  • La información de los activos monetarios en el exterior correspondiente al ejercicio económico 2014 se presentará hasta el 28 de febrero del 2018;
  • La información de los activos monetarios en el exterior correspondiente al ejercicio económico 2015 se presentará hasta el 30 de marzo del 2018;
  • La información de los activos monetarios en el exterior correspondiente al ejercicio económico 2016 se presentará hasta el 30 de abril del 2018;
  • La información de los activos monetarios en el exterior correspondiente al ejercicio económico 2017 se presentará hasta el 31 de mayo del 2018;

 

Rebajas al saldo por pagar del Anticipo del Impuesto a la Renta 2017

El Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo 210, ha dispuesto rebajas para el saldo por pagar del anticipo del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2017, en los siguientes porcentajes:

  • 100% para quienes, durante el 2017, hubieren tenido ventas o ingresos brutos iguales o menores a USD $500.000,00;
  • 60% para quienes, durante el 2017, hubieren tenido ventas o ingresos brutos de entre USD $500.000,01 a  USD $1.000.000,00;
  • 40% para quienes, durante el 2017, hubieren tenido ventas o ingresos brutos de  USD  USD $1.000.000,01 en adelante.

Nota: El saldo del anticipo se liquida dentro de los plazos establecidos para la presentación de la declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal en curso y conjuntamente con la correspondiente declaración (Artículo 77 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno).

 

Nueva obligación de reportar activos monetarios en el exterior

El Servicio de Rentas Internas, mediante Resolución NAC-DGERCGC17-00000566 ha establecido la obligación de las personas naturales y sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, de reportar los activos monetarios que mantengan en instituciones financieras del exterior, en los siguientes casos:

1. Que los activos monetarios registren, en el ejercicio fiscal al que corresponda la información, transacciones individuales o acumuladas iguales o mayores a USD $100.000,00 o su equivalente en moneda extranjera;

2. Que en cualquier momento del ejercicio fiscal al que corresponda la información se haya registrado un saldo mensual promedio de USD $100.000,00 o su equivalente en moneda extranjera;

3. Que el saldo de los activos monetarios sea, al final del mes, igual o mayor a USD $100.000,00 o su equivalente en moneda extranjera;

4. Que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal respecto del cual se presenta la información, el saldo de los activos monetarios sea igual o superior a USD $100.000,00 o su equivalente en mondea extranjera.

Es importante anotar que esta obligación se establece, inclusive, para la información relativa a los años 2014 (que deberá reportarse hasta el 29 de diciembre del 2017), 2015 y 2016 (que deberán reportarse hasta el 31 de enero del 2018).

En lo posterior la información se presentará en el mes de febrero del siguiente año, de conformidad con el noveno dígito del RUC.

Tasa de Servicio de Control Aduanero no será retroactiva

El pasado 08 de noviembre se publicó en el Registro Oficial la Resolución SENAE-SENAE-2017-0001-RE (M), mediante la cual la Aduana creó la denominada Tasa por Servicio de Control Aduanero, la misma que se cobrará por la prestación del servicio de control aduanero efectuado en todo el territorio nacional por parte del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en las fases de control anterior, concurrente y posterior.

Además de las críticas generadas por la implementación de la tasa, se generó también la duda respecto a la fecha en que la misma se empezaría a cobrar.

La Aduana ha aclarado, mediante una reforma a la resolución que creó la referida tasa, que la misma no será aplicable para aquellas mercaderías cuya fecha de embarque sea anterior al 13 de noviembre del 2017.

Aclarado, la excusa y recusación sí caben en juicios constitucionales

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales -LOGJ- no contiene normas que regulen las excusas y las recusaciones en los procesos de garantías jurisdiccionales y esto había causado que existiese la duda sobre si en este tipo de procesos cabían o no las excusas y las recusaciones.  Las excusas y las recusaciones se venían intentando en los procesos de garantías jurisdiccionales, aplicándolas por remisión a las normas del Código Orgánico General de Procesos, en base a lo establecido en la Disposición Final de la LOGJ.

La duda sobre la procedencia o no de las excusas y las recusaciones en los procesos de garantías jurisdiccionales surgía por cuanto la misma LOGJ establece que en estos procesos no son aplicables las normas procesales que tiendan a retardar el ágil despacho de la causa y, por lo tanto, algunos jueces consideraban improcedentes las excusas y las recusaciones ya que estas podían retardar el ágil despacho de la causa (ver, por ejemplo, providencias del 24 de octubre y del 08 de noviembre del 2017 dentro del proceso 09332-2017-04964).

Lo anterior, en mi opinión, colisionaba con el derecho constitucional a la defensa (dentro del cual se encuentra la importantísima garantía de ser juzgado por un juez imparcial -Art. 76.7.k de la Constitución de la República), ya que si por priorizar la celeridad de un proceso constitucional, se excluía la posibilidad de recusar a un juez cuya imparcialidad estuviese comprometida, aquello configuraría una evidente violación a la garantía de ser juzgado por un juez imparcial.

Esta aparente colisión entre la celeridad y el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, ha sido, finalmente, solventada por la corte constitucional en su sentencia 006-17-SCN-CC, en la que ha señalado que “la carencia de la garantía del juez […] imparcial; o dicho de otra forma, la sustanciación de una causa por quien […] no goza de independencia o imparcialidad, per se, ocasiona la invalidez del proceso; en razón que, dicha garantía constituye el pilar de inicio de todo proceso, esto en virtud de una razón trascendental que se funda en la teoría del “fruto del árbol envenenado”, que señala que: “… si la fuente (…) -el árbol- está contaminada entonces cualquier cosa derivada de él –el fruto- estará contaminada también”.

La Corte reconoció que “no puede sacrificarse el debido proceso por pretender actuaciones más céleres, pues involucra indefensión hacia los sujetos procesales” y por lo tanto,  la Corte Constitucional determinó quedebe proceder la recusación atendiendo a la naturaleza de las garantías jurisdiccionales conocidas por juezas y jueces de primera y segunda instancia […]”.

En base a esta argumentación, la Corte ha establecido que los artículos contemplados en el Título II, Capítulo II del COGEP, relativos a la excusa y recusación, sí son aplicables en los procesos de garantías jurisdiccionales de acción de protección, acción de acceso a la información pública y acción de habeas data, en los términos expuestos por la Corte en la interpretación conforme y condicionada que realizó de los artículos antes referidos en su supradicha sentencia.

 

Avalúo en la expropiación de inmuebles

La Procuraduría General del Estado, en una absolución de consulta vinculante ha aclarado que, en las expropiaciones de inmuebles que realice el sector público, el precio que se convenga con la institución expropiante no podrá exceder del diez por ciento sobre el valor del avalúo registrado en el catastro municipal sobre el cual se pagó el impuesto predial del año anterior al anuncio del proyecto para el caso de construcción de obras, o de la declaratoria de utilidad pública y de interés social para otras adquisiciones, debiendo previamente deducir del precio la plusvalía proveniente de las obras públicas y de otras ajenas a la acción del propietario.

El anuncio del proyecto es un instrumento creado por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que permite fijar el avalúo de los inmuebles dentro de la zona de influencia de obras públicas, al valor de la fecha del anuncio público de las respectivas obras, a fin de evitar el pago de un sobreprecio en caso de expropiaciones inmediatas o futuras.

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de Trabajo concede prorroga para el registro de contratos de trabajo en el SUT

El Ministerio de Trabajo ha concedido una prórroga de 30 días adicionales (hasta el 10 de diciembre del 2017), para realizar el registro obligatorio de los datos de todas sus personas trabajadoras activas, incluyendo, de ser el caso la calidad de personas trabajadoras sustitutas o con discapacidad que se encuentra dentro del porcentaje de inclusión laboral. Este registro deberá realizarce en el Sistema Único de Trabajo -SUT-

En caso de incumplimiento de este plazo, el Ministerio podrá imponer una multa de hasta USD $200 por cada trabajador que no haya sido registrado.

Nueva causal de visto bueno: el acoso laboral

La Asamblea Nacional ha aprobado la Ley para Prevenir el Acoso Laboral (R.O.S. 116 del 9 de noviembre del 2017).  Dicha Ley define al acoso como todo comportamiento atentatorio a la dignidad humana que se ejerza de forma reiterada en el lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral (lo cual incluye la posibilidad de que exista el acoso al empleador) o entre trabajadores.

La reforma incorpora la obligación de los empleadores de implementar programas de capacitación y políticas orientadas a identificar las distintas modalidades de acoso laboral.

Se establece la prohibición al empleador de cometer actos de acoso laboral  o su autorización ya sea por acción u omisión.  La misma prohibición se establece para los trabajadores en contra de otros trabajadores, del empleador, de un superior jerárquico o hacia una persona subordinada en la empresa.

El acoso cometido por un trabajador se convierte en causal de terminación de la relación laboral previa obtención del respectivo visto bueno por parte del empleador, pero siempre que, previo a la solicitud del visto bueno, se abra una conciliación presidida por la autoridad laboral (deberá normarse, posteriormente, este procedimiento de conciliación en casos de acoso laboral).

Asimismo, el acoso se convierte en causal para que el trabajador solicite visto bueno contra el empleador para dar por terminado su contrato de trabajo.  La diferencia en este caso es que la etapa de conciliación se abre luego de presentada la solicitud de visto bueno.